DECLARACIÓN DE ZAPOPAN
RENOVANDO EL MUNICIPALISMO EN CLAVE DE IGUALDAD

ANTECEDENTES

Después de cerca de cuatro décadas de descentralización en Iberoamérica, con avances notorios y también con retrocesos, lo cierto es que encaramos un nuevo tiempo que se desenvuelve en escenarios cambiantes, especialmente si se repara en la incertidumbre, volatilidad, inmediatez y complejidad del entorno actual que nos impone nuevos y complejos desafíos que, sin embargo, han de ser encarados con instituciones locales cuyos marcos normativos, estructuras funcionales, instrumentos y herramientas operativas fueron concebidos para escenarios distintos al contexto actual,

En estas cuatro décadas, si bien los municipios han incrementado su poder político, se ha fortalecido el movimiento asociativo y se han ampliado las competencias locales de la prestación de servicios básicos a proveer bienes supraindividuales y a las políticas de promoción y desarrollo económico todavía existen retos y desafíos no alcanzados. A ciertos rezagos históricos como la debilidad en la prestación de ciertos servicios públicos, la pobreza o la desigualdad se unen nuevos desafíos de carácter global y de gran envergadura, pero cuyos efectos se producen en el territorio, cómo los movimientos migratorios, el cambio climático, la escasez de recursos energéticos, los conflictos armados, la disrupción tecnológica o la creciente fragmentación y polarización de nuestra sociedad que para ser enfrentados requieren de un renovado compromiso entre las instituciones y la ciudadanía.

Una deficiente articulación institucional, la ausencia de mecanismos eficaces de transparencia y control, el clientelismo o ciertas corruptelas en la gestión de algunas municipalidades, y la injerencia gubernamental en la autonomía municipal, son claramente aspectos a mejorar, pero aspectos que no siendo enfrentados minan la credibilidad y reducen la confianza de los ciudadanos en las instituciones locales.

Incrementar la responsabilidad de los gobiernos locales ante la ciudadanía, abrir el espacio público para que su quehacer pueda monitorizarse y vigilarse, crear oportunidades de colaboración entre la organización administrativa y la ciudadanía, o asumir que la participación ciudadana no debe limitarse a emitir el voto periódicamente supone emprender reformas en demasiadas ocasiones postergadas.

Se hace precisa una necesaria redefinición de la estrategia de los Gobiernos locales que incorpore una cultura estratégica basada en el empoderamiento de la ciudadanía y la cohesión social de la ciudad y que tenga a las personas, a todas las personas, en el centro de las decisiones a fin de lograr una mayor legitimación de las políticas públicas y la renovación del contrato social con la ciudadanía.

CONSIDERANDO

1. 1. Que sigue siendo necesario continuar, a pesar de los insuficientes avances logrados en estos años, los esfuerzos para garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo su mutua integración, conexión y dependencia, en aras a lograr la anhelada sostenibilidad social, económica y ambiental.
2. 2. Que millones de personas en la región, y dentro de ellas particularmente las mujeres, la niñez, la juventud y la ancianidad, están en gran medida marginadas, tienen un dificultoso acceso a sistemas judiciales que velen por sus derechos para solucionar controversias de manera pacífica, no son amparados de forma efectiva por las leyes para defenderse de la violencia y la delincuencia y no reciben plenamente los bienes políticos que justifican la existencia de las instituciones.
3. 3. Que la ciudadanía, como revelan los estudios realizados, ha perdido en gran medida la confianza en las instituciones a las que perciben no solo corruptas sino también alejadas de sus intereses e incapaces de mejorar su desempeño en la producción de políticas públicas lo que erosiona la legitimación democrática de nuestros gobiernos.
4. 4. Que las decisiones, las acciones y la inacción de las generaciones presentes en nuestras comunidades locales y en nuestros territorios tienen un efecto multiplicador intergeneracional y, por consiguiente, la comunidad local en su conjunto tiene la obligación moral de velar por que las generaciones presentes actúen con responsabilidad para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras.
5. 5. Que, si bien la actual generación infantil y juvenil es la más numerosa de la historia y son agentes fundamentales de cambios positivos en lo relativo a la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, lo cierto es que hay millones de niños, niñas y jóvenes privados de las condiciones que necesitan para alcanzar todo su potencial y hacer efectivos sus derechos humanos, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad.
6. 6. Que la construcción de un nuevo consenso social no podrá alcanzarse sin la participación y representación plenas, sin riesgo, de todas las mujeres en la vida política, social y económica lo que implica que sea preciso reafirmar nuestro compromiso con las Declaraciones realizadas en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de Género con la finalidad de lograr la igualdad de género, la participación de las mujeres y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los ámbitos y con la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas como necesario requisito para la construcción de una sociedad democrática.
7. 7. Que la ejecución de las estrategias, acciones y medidas locales encaminadas a lograr un nuevo contrato social con la ciudadanía, en clave de igualdad, requieren inevitablemente de una nueva gobernanza democrática y el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales, además de contar con los recursos financieros y tributarios suficientes y la capacidad de gestión para usarlos adecuadamente, en el marco de un diálogo constante y leal con otros niveles de gobierno del que se ha de hacer partícipe también a los propios actores del sector privado y a la ciudadanía en general.

EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, RESUELVE

ADOPTAR la presente Declaración, a la vista de los estudios y conclusiones presentados y elaborados en el Congreso Iberoamericano de Municipalistas y en la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género.

INVITAR a las autoridades locales, regionales y nacionales de los países iberoamericanos a adherirse a la presente Declaración y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios y valores contenidos en la misma

PRIMERA PARTE: INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE MUNICIPIOS Y TERRITORIOS PARA RENOVAR LA RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

Primera. El buen gobierno y la buena administración genera capital social.

Los Gobiernos locales no solo han de perseguir el cumplimiento de la ley, base de todo Estado de Derecho y de toda democracia plena, sino que las instituciones locales deben ser idóneas para el presente y el futuro: eficaces y capaces, preparadas para el futuro, justas, democráticas, equitativas y representativas del mundo actual, inclusivas, interconectadas y financieramente estables.

Resulta preciso mejorar la gobernanza de las instituciones locales con la finalidad de suministrar mejores bienes públicos, acoger una concepción amplia de los derechos humanos y colaborar más decisivamente en la universalización de la protección social, la cobertura sanitaria, la educación, el trabajo decente, la vivienda, y el acceso a Internet.

Segunda. Los gobiernos abiertos producen empoderamiento de la ciudadanía.

Un Gobierno local abierto es una oportunidad política de emprender reformas en la gobernanza de las instituciones locales. La profundización democrática de nuestra Administración exige articular normas, reglas y procedimientos, cuyo objeto sea acercar la Administración pública a la ciudadanía, en un ejercicio abierto que consiga formas de comunicación para que las estructuras de operación no sean ajenas ni distantes a éstos.

Un Gobierno local democrático tiene la obligación, articulada mediante normas de obligado cumplimiento y de instituciones que garanticen en último término su cumplimiento, de todos los poderes públicos de dar cuenta, en forma activa y pasiva, a la ciudadanía de todos sus actos, acuerdos y actuaciones de política pública con la finalidad de establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. Se hace necesario, a estos efectos, el fortalecimiento de la democracia a través de mecanismos permanentes de gobierno abierto, control de la transparencia, y rendición de cuentas, a la vez que se trata de fomentar en la gobernanza valores positivos como la ética, la flexibilidad y la eficacia.

Tercera. La rendición de cuentas produce gobiernos locales responsables.

El grave problema del descrédito de instituciones y representantes políticos ha reforzado la exigencia de eficacia y responsabilidad en la acción de gobierno y el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos, de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos.

Los gobiernos locales iberoamericanos deberán perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas que desarrollen no solo su dimensión horizontal, entendida como las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí las agencias gubernamentales, sino además, extendiéndolas a sus dimensiones vertical, que supone el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos para que la sociedad pueda exigir cuentas a sus representantes, y diagonal, que alude a la activa participación de los ciudadanos en actividades de control social de las instituciones públicas con miras a materializar su incidencia en la toma de decisiones y en la provisión de bienes y servicios públicos.

Cuarta. La ética y la integridad produce gobiernos locales confiables.

El buen uso de los recursos públicos implica una lucha decidida y sin ambigüedad alguna contra la corrupción. Para hacer frente a este escenario, se requiere una estrategia de integridad institucional en los Gobiernos locales que nos permita implementar las mejores prácticas existentes a nivel internacional, establecer marcos de integridad institucional y canales de denuncia con la necesaria independencia, la protección de los denunciantes, articular sistemas de alertas preventivas, disponer de códigos éticos y de conducta y realizar una labor preventiva y de socialización.

SEGUNDA PARTE. REDEFINIENDO LA ESTRATEGIA: DE LA PARTICIPACIÓN RITUAL A LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.

Quinta. De una participación ritual a una participación efectiva de la ciudadanía en la creación e implementación de las políticas públicas locales.

La eficiencia, impersonalidad, profesionalización y la sujeción de los Gobiernos locales al Estado de derecho y democrático siguen siendo valores útiles, pero son seguramente insuficientes para asegurar la participación de la ciudadanía en las labores públicas. Y es que la administración pública burocrática de tipo tradicional, por si misma, no tiende a establecer reglas que permitan su apertura y accesibilidad para que sea conocida en el espacio de lo público.

Los gobiernos locales han de velar para que todo proceso de participación ciudadana garantice espacios de mayor igualdad y pluralismo social y tomarán en cuenta al menos tres elementos básicos para su promoción: 1) identificación y creación de incentivos para la participación y reducción de los costos indirectos o las barreras asociadas; 2) construcción de las capacidades necesarias para que los ciudadanos participen de forma eficiente y efectiva; y 3) producción y publicación de información completa, imparcial, oportuna y entendible, capaz de resumir de manera sencilla las diferentes dimensiones del desempeño de las instituciones locales, así como informar claramente a los ciudadanos sobre sus derechos y el uso de los mecanismos de participación existentes.

Sexta. Renovar la participación ciudadana: de la toma de decisiones a la administración y gestión compartida de los espacios urbanos y los bienes públicos.

La participación ciudadana en este nuevo escenario no solo consiste en participar en la toma de decisiones de las instituciones locales sino compartir, más allá de este aspecto necesario e ineludible para una nueva gobernanza democrática, el ejercicio de funciones públicas como es la gestión de bienes comunes urbanos y la administración compartida centrada en la gestión y desarrollo de actividades de interés general a través de pactos de colaboración entre el gobierno local y la ciudadanía y la gestión cívica de competencias locales a través de entidades sin ánimo de lucro.

Se hace preciso redefinir la estrategia de gobierno y acción por parte los Gobiernos locales que se centre en establecer prioridades compartidas con la ciudadanía, de toda la ciudadanía, que se orienten al compromiso ciudadano facilitando la transición de un gobierno proveedor a un gobierno relacional que, junto a lograr una multiplicación del impacto de los recursos públicos, renueve la relación con la ciudadanía como actores del devenir de las ciudades y territorios.

Séptima. Construyendo una agenda común de inclusión para toda la ciudadanía.

Necesitamos elevar la calidad institucional de los gobiernos locales a través del incremento de la legitimidad de la acción pública haciendo más clara y confiable la relación contractual entre gobernantes y gobernados y el compromiso con una agenda común. Han de movilizar a las comunidades locales e implicarse en asociaciones compuestas de múltiples partes interesadas, entre ellas personas con discapacidades y personas de edad avanzada, universidades, profesionales del diseño universal y la accesibilidad, la industria y distintos niveles de gobierno, a través de la defensa de los intereses locales y campañas de concienciación para promover la inclusión y el diseño universal como un bien común y principio básico del desarrollo.

Los gobiernos locales ha de adoptar un compromiso explícito respecto a la inclusión y el entendimiento común del diseño universal y la accesibilidad, mediante la localización de políticas que reflejen la legislación y los marcos internacionales y defiendan la inclusión y los derechos humanos y la evaluación de todo el sistema de políticas, programas, servicios y personal municipales existentes para promover la inclusión y accesibilidad.

TERCERA PARTE. CIUDADES Y TERRITORIOS CONSTRUIDOS EN CLAVE DE IGUALDAD.

Octava. La dimensión de género como clave necesaria en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas.

Resulta imprescindible contar con la participación activa de las propias mujeres, ya sea a título colectivo o individual, en la planificación, implementación y evaluación de planes, acciones políticas y cualesquiera medidas de actuación pública, para que se puedan tomar en consideración sus necesidades, demandas, situaciones y prioridades. Se ha de articular normativamente en los procedimientos de adopción de decisiones, planes y otros instrumentos de acción, y en forma previa a la aprobación de cualquier política pública local, la exigencia de un informe de impacto de género como una herramienta para intervenir a favor de la igualdad de oportunidades desde las políticas generales y sectoriales.

Novena. Atender el interés superior de la niñez, invertir en la primera infancia y la juventud fomentando la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones en la vida pública

Los gobiernos locales deberán fomentar, garantizar y respetar el interés superior de la niñez y la juventud adoptando todas las medidas dirigidas a este grupo en las distintas áreas de acción de éstos a fin de garantizar su desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos que han de contemplar, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes atenciones: alimentación, salud, vacunación, registro de nacimiento, estimulación y aprendizaje por medio del juego, crianza positiva, vida libre de cualquier tipo de violencia, acceso a la educación inicial y espacios verdes libres de toxinas, así como espacios inclusivos para niños con discapacidad.

Los procesos normativos y decisorios deben tener en cuenta el diálogo y los contactos intergeneracionales, incluso con niños, niñas, jóvenes y personas mayores y entre todos ellos, para salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras,

Décima. Del conflicto a la colaboración intergeneracional: por un envejecimiento saludable y activo.

Las ciudades y territorios de nuestra región envejecen demográficamente de forma acelerada y es preciso disponer de una política pública que, no solo garantice la cohesión de la sociedad y evite el edadismo y el abandono de la ética del cuidado mediante la prestación de servicios específicos a mayores, sino que incorpore a estos como actores valiosos y experimentados en la construcción de la ciudad de todos y en la definición y gestión de los servicios públicos.

Los gobiernos locales han de apoyar el envejecimiento saludable y activo mejorando sus entornos y servicios e incorporando esta perspectiva en la planificación municipal de manera transversal, contando con la participación de las personas mayores en el proceso junto al resto de actores locales a fin de que nuestras ciudades y territorios se diseñen y reorganicen mediante planes de acción para apoyar y permitir a las personas mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y activa.

Por todo lo expuesto anteriormente, invitamos a los Gobiernos Locales y a las autoridades y representantes que se encuentran en este Congreso, a adherirse a la presente Declaración Final:

“Los Gobiernos y Autoridades locales, pilares esenciales de nuestra sociedad democrática, están llamados a protagonizar un decidido impulso de las políticas públicas que permiten que los distintos colectivos que habitan nuestras ciudades y territorios puedan ejercer su derecho a la ciudad desempeñando un papel activo, comprometido y decisivo en la articulación de soluciones que permitan responder a los grandes desafíos que plantea construir ciudades para todos y todas lo que implica redefinir la estrategia y los planes de acción, haciendo uso de todas las competencias y recursos disponibles, con la finalidad de garantizar una igualdad sustantiva real, junto a una mayor cohesión social, de la ciudadanía mediante la articulación de una agenda común y la preservación de los derechos de las generaciones futuras”.

Zapopan (Jalisco), mayo 2025.